La falta de recursos presupuestales impide que avance la justicia digital en todo el país, ya que se complica el envío de expedientes judiciales con total seguridad cibernética:

En un foro organizado por la senadora de Morena, Guadalupe Chavira de la Rosa, el magistrado expuso que la problemática central a la que se enfrentan los tribunales de Justicia Fiscal y Administrativas es que “no podemos garantizar la interconexión que nos ordena la Ley de Amparo y que es la punta de lanza para estar en la condición tecnológica óptima” que permita llevar a cabo los juicios digitales.

La urgencia de implementar el modelo digital radica en el impacto directo al ciudadano: el uso de la tecnología permitiría reducir el tiempo de los procesos hasta en un 50 por ciento, recalcó.

Sin embargo, no se pueden establecer mecanismos homogéneos para interconectarse y poder “ enviar y recibir información de los amparos que nosotros tenemos la obligación de recibir y transmitir luego, vía electrónica, porque se trata de procesos tecnológicos muy costosos y no cuentan con recursos suficientes.

También presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, el magistrado Aguilera Martínez explicó que los 32 estados de la república han buscado alternativas para cumplir con el mandato legal, pero son soluciones temporales, sin los blindajes cibernéticos adecuados que garanticen la transmisión de expedientes o de información electrónica con total seguridad.

Expuso que la digitalización aceleraría la resolución de juicios y es parte de la modernización requerida para los tribunales de justicia fiscal y administrativa, responsables de “una de las ramas del derecho más humana, ya que vemos trato directo de la autoridad con el ciudadano”, que va desde las propiedades hasta las multas de tránsito que impone la policía.

Puso como ejemplo,que el ese tribunal de la Ciudad de México recibe poco más de 24 mil juicios al año, cuya resolución en el sistema tradicional lleva en promedio de entre 5 o 6 meses , que con el juicio digital “por las notificaciones personales y las condiciones que estamos obligados por la ley.”.

Con el juicio digital esto podría abatirse hasta 3 meses, porque las notificaciones serían vía electrónica.

Pese a ello, el índice de resoluciones favorables a los particulares es de arriba del 70 por ciento y el otro 30 por ciento a las autoridades. “Quiere decir que para efectos de la sociedad pues estar muy contentos porque pues les damos la razón”.

Aguilera Martínez, quién estuvo acompañado por otros integrantes del consejo directivo de la Amtrija, demandó asimismo que se lleven a cabo cambios constitucionales, a fin de que todos los tribunales administrativos tengan plena autonomía de los gobiernos estatales, para poder garantizar resoluciones, sin ““presiones ajenas” a la función jurisdiccional.

La senadora Chavira de la Rosa respondió que se harán los cambios legales necesarios y expresó confianza en que la presidenta Claudia Sheinbaum dotará a esos tribunales de los recursos necesarios para agilizar ese proceso de digitalización.

Expuso que la reforma al Poder Judicial ha sido un avance sustancial para la aplicación de justicia, pero todavía hay retos para homologar criterios en todo el país, sobre todo en los derechos de a los pueblos indígenas y afromexicanos, en igualdad para las mujeres, autonomía frente a los poderes locales y una impartición de la justicia desde las necesidades regionales.

Planteó a los magistrados su participación en el marco de la consulta nacional que se lleva a cabo para conformar la ley secundaria de la reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Es necesario, dijo, reforzar la justicia administrativa porque es la más cercana a la gente y la que debe dictar soluciones rápidas y apegadas a las formas de organización social de las regiones.

El presidente de Amtrija le respondió que están dispuestos a acompañar ese proceso.

En la reunión de trabajo participaron también la senadora de Morena, Mariela Gutiérrez y las y los magistrados Estela Fuentes Jiménez, Ofelia Herrera Beltrán, María Paz Silva Mondragón, Guadalupe Alejandro González Navarro y Jesús Anlén Alemán, Arturo González Jiménez, quienes e detallaron las particularidades de la impartición de justicia administrativa en el caso de las mujeres, la defensa del patrimonio cultural e histórico, entre otros temas.